El Senado de Estados Unidos aprobó este domingo 9 de noviembre un proyecto de ley para financiar al Gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026, poniendo fin al cierre del gobierno (shutdown) más largo en la historia del país. La medida, impulsada por legisladores del Partido Demócrata, obtuvo 60 votos a favor y 40 en contra, y fue promulgada horas después por el presidente Donald Trump.

El shutdown se había extendido por más de seis semanas, luego de que el Congreso no lograra acordar el presupuesto federal a tiempo. Durante ese período, más de 800.000 empleados públicos fueron suspendidos o debieron trabajar sin cobrar, y numerosos servicios federales quedaron interrumpidos, desde la atención en parques nacionales hasta programas de asistencia alimentaria.

El acuerdo aprobado garantiza la reapertura de las agencias y el pago retroactivo a los trabajadores afectados, pero sólo de manera temporal: la ley extiende la financiación hasta fines de enero, por lo que el debate presupuestario deberá retomarse antes de esa fecha.

Impacto económico y pérdidas millonarias

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el cierre del gobierno costó entre u$s7.000 y u$s14.000 millones al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos.

Aunque parte de la actividad podría recuperarse con la reapertura, los economistas advierten que una porción de la producción perdida —por ejemplo, en sectores contratistas o en turismo— no podrá compensarse.

Durante las seis semanas de parálisis, agencias como el Departamento de Comercio y la Oficina de Estadísticas Laborales suspendieron la publicación de informes clave sobre inflación, empleo y crecimiento, generando un vacío de información que complica la evaluación de la economía estadounidense.

Efectos en los trabajadores y los servicios públicos

Más de 800.000 empleados federales se vieron afectados de manera directa, muchos de ellos sin recibir su salario durante más de un mes.

Programas de asistencia alimentaria como el SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) estuvieron en riesgo de interrupción, mientras que los parques nacionales y varias oficinas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) permanecieron cerrados.

Las demoras también afectaron a la tramitación de pasaportes, el control de aeropuertos y la ejecución de contratos públicos en áreas sensibles como defensa, salud y educación.

Consecuencias políticas y clima de incertidumbre

Por otro lado, el shutdown dejó expuesta la falta de consenso entre republicanos y demócratas en torno al gasto público y la deuda nacional. Aunque el acuerdo puso fin al conflicto inmediato, no resolvió las tensiones de fondo: el Congreso deberá negociar nuevamente el presupuesto en enero, con riesgo de otro cierre si no se alcanza un nuevo entendimiento.

La crisis también tuvo un impacto político. Encuestas recientes muestran un aumento del descontento ciudadano y una pérdida de confianza en las instituciones. Para la mayoría de los estadounidenses, el cierre “pudo haberse evitado” y ambos partidos comparten la responsabilidad del impasse.

Repercusiones globales

El cierre del gobierno estadounidense también tuvo efectos fuera de sus fronteras. Una desaceleración temporal de la economía de EE.UU. afecta la demanda de bienes y servicios a nivel mundial, especialmente de países exportadores de materias primas.

Además, la incertidumbre política en Washington elevó la volatilidad de los mercados financieros y presionó sobre las monedas de economías emergentes.

La reapertura marca el final de una crisis que dejó huellas en la economía más grande del mundo. El reto inmediato será reactivar los sectores más golpeados y recuperar la confianza en la estabilidad fiscal del país.