Hace apenas un mes, el Gobierno decidió eliminar las Letras de Financiamiento (LEFI), marcando el inicio de una nueva fase de su plan económico. Bajo el esquema actual, la tasa de interés pasa a determinarse de manera “endógena”: ya no es fijada por el Banco Central, que interviene en el mercado de pesos solo para cumplir sus metas internas de control monetario. La transición, lejos de ser ordenada, generó un período de fuerte volatilidad y desconcierto en el sistema financiero, en medio de un calendario electoral que obliga al Ejecutivo a contener simultáneamente la inflación y el dólar.

El golpe más reciente vino tras la licitación de deuda del miércoles 13/8, en la que el Tesoro solo logró renovar el 61% de los $15 billones que vencían. El bajo “rolleo” encendió las alarmas: ¿dónde irán esos pesos excedentes? Con la mira puesta en evitar que presionen sobre el tipo de cambio, el director del Banco Central y mano derecha de Luis Caputo, Federico Furiase, anunció una colocación de urgencia para el lunes próximo. El mecanismo será un aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos, buscando absorber liquidez de manera inmediata.

¿Qué significa un aumento de encajes? Básicamente, el Banco Central exige a las entidades financieras que mantengan una porción mayor de sus depósitos inmovilizada, sin posibilidad de volcarla al crédito o a la compra de activos. En este caso, ese dinero inmovilizado se remunerará con títulos públicos, lo que le permite a la autoridad monetaria retirar pesos de circulación —aquellos que no pudo absorber en la licitación— y, al mismo tiempo, colocar deuda.

La medida apunta a cerrar un frente delicado: con un dólar que ya incomodaba al Gobierno en torno a los $1.360 y un mercado cambiario sensible a cualquier excedente de pesos, el riesgo de traslado a precios (pass-through) sigue latente.

En paralelo, la estrategia oficial parece haber asumido que tasas elevadas son la principal herramienta para contener al dólar, aun a costa de enfriar la actividad económica. Las Lecaps más cortas colocadas esta semana llegaron a rendir un 70% anual efectiva, en un contexto donde las tasas de caución ya habían tocado el 80%. La disyuntiva es clara: relajar tasas para estimular crédito y actividad implica aceptar más presión cambiaria, algo que hoy el Gobierno no parece dispuesto a tolerar.

Aquí el problema es evidente: llegar a las elecciones con tasas en niveles tan altos reduce el margen de maniobra ante un revés electoral, ya que una de las principales herramientas de política económica se estaría utilizando con antelación.

El desafío es doble: absorber pesos “a toda costa” sin estrangular la economía. En el corto plazo, la prioridad es estabilizar el mercado de pesos y reducir las expectativas de dolarización preelectoral. Sin embargo, sostener esta estrategia en el tiempo sin un horizonte claro de desinflación y sin señales de reactivación productiva podría convertirse en un equilibrio precario, vulnerable a cualquier shock político o económico.

La próxima licitación del lunes será una prueba crítica: no solo medirá la capacidad del Tesoro para retirar liquidez excedente, sino también el nivel de confianza del mercado en que esta nueva etapa del plan económico pueda transitar el delicado puente entre estabilidad cambiaria y actividad económica.

Francisco Borisonik